Por Paula Santos, física y directora del área de Comunidades Energéticas en UNEF

Cuando escuchamos hablar sobre “la lucha contra el cambio climático” o “la transición energética”, sabemos de qué se está hablando, a qué se refiere y qué implicaciones tiene. Sabemos por qué se ha producido y qué debemos hacer para cambiar las consecuencias de lo que viene. 

Y este es el mayor cambio, el mayor logro de esta transición: haber involucrado a toda la ciudadanía explicando sus efectos y consecuencias. 

Así, el proceso de transición energética del que tanto hemos oído hablar no sólo se trata de reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero o de cambiar nuestro sistema de producción de energía. Se trata de verdaderamente de cambiar el modelo productivo hacia uno mucho más respetuoso con el medio que nos rodea y con los recursos que tenemos, garantizando que mejora nuestra calidad de vida (la de todos y todas), mejorando la calidad del aire con espacios mucho más verdes en las ciudades, reduciendo nuestro consumo y lo que pagamos por la energía que consumimos…

Pero podemos ir todavía un paso más allá. Estamos planteando la posibilidad de que esta transición energética sea verdaderamente un cambio disruptivo, de manera que la ciudadanía tome las decisiones sobre una de las principales necesidades básicas, como es la energía. Esto implica que pueda decidir cómo producir, consumir y gestionar esta energía, aprovechando los recursos del territorio, garantizando que los beneficios se queden en la localidad. 

Este es el concepto de comunidad energética: la unión de un grupo de socios o miembros  que forman una entidad jurídica con el objetivo de aprovechar los recursos renovables del territorio o de hacer algún proyecto relacionado con la energía para que los beneficios que se generen sobre el mismo se reinviertan en la propia localidad, siendo el grupo de socios de la comunidad el que toma las decisiones al respecto. 

Las comunidades energéticas son, por tanto, una de las herramientas más importantes para que la ciudadanía pueda ser partícipe de la transición energética y pueda beneficiarse de la transición energética y tomar decisiones al respecto. Además, se trata de un nuevo actor dentro del sistema energético, por lo que organizarse alrededor de ellas implica que puedan participar en igualdad de condiciones con los actores tradicionales, como las grandes empresas energéticas. 

La mayor parte de comunidades energéticas que se están desarrollando surgen a partir de una instalación de autoconsumo, que permite producir electricidad en nuestros tejados a través de una instalación fotovoltaica y consumirla en un punto cercano a donde se ha producido, reduciendo nuestro consumo eléctrico de la red y ahorrando en nuestra factura. Incluso, en algunas instalaciones, aquella energía que no se consume puede introducirse de nuevo a la red, obteniendo una retribución por ello. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que el objetivo es que se desarrollen más actuaciones dentro de la propia comunidad, además del autoconsumo, que permitan reducir la pobreza energética mejorando la eficiencia de los edificios, introduciendo coches eléctricos y estaciones de recarga para los mismos, instalando baterías que puedan participar en los mercados… igual que lo hacen los actores tradicionales. Este tipo de proyectos pueden ir, incluso,  asociados a proyectos de energía renovable en suelo.  Habría que tener también en cuenta que cada proyecto de comunidad energética va a ser diferente, atendiendo a las condiciones sociales y políticas del territorio.

En los últimos años, hemos visto cómo ha ido creciendo el número de comunidades energéticas en nuestro país. De hecho, actualmente existen más de 300 comunidades en todo el territorio nacional. Este impulso se ha logrado a través de las ayudas CE-Implementa que el MITECO ha lanzado para el desarrollo de estos proyectos. 

Algunos beneficios de este tipo de proyectos tienen que ver con la generación y consumo de energía local, la mejora de la competitividad y reducción de la factura de la luz, la lucha contra la despoblación, la creación de empleo y del tejido económico y local, y la lucha contra la pobreza energética. Son, por ende, proyectos que tienen como objetivo, además del aspecto energético, crear valor social. 

No obstante, conseguir que estos actores sean un verdadero vehículo de empoderamiento de la ciudadanía (que participen efectivamente en los mercados en igualdad de condiciones, y que no se desvirtúe el concepto) es una tarea complicada. 

La propia Unión Europea establece en una de sus Directivas que: “Los Estados miembros deben garantizar que las comunidades de energías renovables puedan participar en los sistemas de apoyo disponibles en igualdad de condiciones con los grandes participantes.”

Hay dos aspectos que son clave para garantizar su desarrollo y, sobre todo, para garantizar la participación activa de la ciudadanía sin desvirtuar el concepto: una normativa específica que delimite, entre otras cosas, quiénes pueden tomar las decisiones dentro de una comunidad, la autonomía y el control efectivo y, en segundo lugar, el acceso a financiación no sólo a través de ayudas, sino también a través de otros mecanismos robustos que hagan viable el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Necesitamos construir nuevos códigos, relatos y conceptos más allá de la dimensión técnica de la energía, involucrando a otros actores o sectores que no formen parte del sector energético, como las entidades locales. Así, los ayuntamientos son claves a la hora de construir el ecosistema propicio para el desarrollo de comunidades energéticas, facilitando la creación del grupo motor de la comunidad, los espacios para reunirse, ayudando a la contratación de las empresas técnicas que puedan desarrollar el proyecto, aportando información, o siendo incluso socios de las mismas. 

En definitiva, las comunidades energéticas permiten construir un nuevo modelo energético mucho más verde, más democrático y participativo, construyendo espacios que fomenten la colectividad, la construcción de compromisos compartidos y el aprovechamiento de los recursos autóctonos. 

Estamos en el camino correcto. Pero necesitamos mucho más impulso para lograr verdaderamente un cambio de paradigma.